España es el país de la UE con más expedientes abiertos por infracciones medioambientales: 30, al terminar el año de 2017.
Y es el tercer año consecutivo que encabeza esta lista.
No me han sorprendido estos datos; más bien me han confirmado la impresión de que aunque los miembros del Gobierno se llenan la boca hablando de "la Ley" en referencia a Cataluña y la "unidad nacional", no tienen el mismo celo para cumplir la normativa en otros ámbitos.
Las leyes cuyo objeto es la protección del medio ambiente, o la transparecia de las actuaciones públicas, suelen existir no por iniciativas del Gobierno, sino porque la UE obliga a trasladar sus normativas a las legislaciones nacionales.
Informa Raúl Rejón en un artículo en eldiario.es:
"En cuestiones ambientales España toca casi todos
los palos a la hora de recibir amonestaciones: desde saltarse
evaluaciones de impacto de proyectos urbanísticos hasta fallar en la
depuración de aguas. Incumplir la normativa de vertederos o permitir
la
caza indiscriminada de decenas de miles de aves cantoras pasando
por la calidad del aire que respira la población o el cuidado de
espacios naturales emblemáticos."
Lena
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