La Estrategia de Recursos Minerales: La Junta de Castilla y León apuesta por el lucro particular, en contra del bien común

Varios colectivos y personas, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, han presentado observaciones a la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León (2016-2020). Hacen hincapié en que NO HAY NINGUNA NECESIDAD de potenciar por parte de la administración regional una actividad tan agresiva para el entorno natural de Castilla y León, como es la minería a cielo abierto.

En Equo Ávila estamos completamente de acuerdo con lo que dice la organización ecologista en su nota de prensa.

Considera (consideramos) que los proyectos mineros que ahora la Junta intenta que prosperen, como la mina de Uranio en Retortillo (Salamanca), la mina de feldespato en la Sierra de Ávila, o la mina en Otero de Herreros (Segovia), “no responden a necesidades nacionales. No existe ningún documento estatal elaborado por expertos multidisciplinares que justifique su necesidad desde los puntos de vista social, laboral, y ambiental, para las necesidades de la población españolas. Más bien  provienen de intereses empresariales extranjeros con el único fin de obtener más dinero. Por lo tanto, niguno de estos proyectos puede ser conisderado de interés nacional.”

Subrayan que “la legislación de minas es anterior a la existencia de la constitución y, por lo tanto, es necesaria la elaboración de normativa estatal que establezca los términos en que puede desarrollarse esta actividad en España, fijando la necesidad de elaborar informes justificativos de su necesidad. (...).

La Junta debería tener en cuenta las directrices de aplicación de la legislación Natura 2000, así como considerar que tanto los Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, Zonas de Dominio Público Hidraúlico, áreas de montaña y ámbito territorial de los planes de recuperación de especies protegidas, no pueden albergar minas en ningún caso, pues son incompatibles con la finalidad de la conservación de estos espacios.”

El artículo 21 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que:

“Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos.

Las Administraciones Públicas promoverán unas directrices de conservación de las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos, hídricos y ambientales de las mismas.”

Por eso hay que entender que “en la Sierra de Ávila, en otras zonas montañosas de la provincia de Ávila, así como de la Comunidad Autónoma, al constituir corredores ecológicos de primer orden, la minería es incompatible no sólo con la legislación vigente consecuencia de sus valores naturales, sino también con otras actividades económicas como la ganadería, el turismo rural, la apicultura o la elaboración de productos artesanales o con una calidad de vida y la salud como la que se disfruta en muchos ámbitos del medio rural castellano leonés.”

Sin embargo, el documento de la Junta contenía "afirmaciones tan graves como que la normativa ambiental debe obviarse en los procedimientos mineros, con el fin de poder amparar esta actividad en los espacios naturales protegidos de Castilla y León..."

En cuanto al AGUA, la Estrategia “también trata de vender la necesidad de más plantas de envasado de agua (negocio al que se dedica Coca Cola, entre otras). Sin embargo, no hacen falta más en Castilla y León, pues la mejor forma de garantizar la pureza de este elemento líquido indispensable para la vida es preservar los valores ecológicos de los manantiales, humedales, lagos, ríos y arroyos de nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de que los ciudadanos tengamos acceso a este preciado bien a un precio razonable y con unas garantías de calidad adecuadas que permitan su consumo”.

En lugar de convertir el agua en una mercancía, que genere “lucro particular aunque sea a costa de destruir valores naturales como ha ocurrido en Segovia o se pretendía hacer en el Valle del Corneja (Ávila)”, se debería buscar el bien común y garantizar que el agua que salga del grifo cumpla los parámetros de calidad.

“La Junta pretende introducir también otra actividad profundamente conflictiva, el fracking. Sus graves impactos en agua, suelo, paisaje, vegetación y fauna están conllevando innumerables problemas económicos y sociales en Estados Unidos, y varios países ya estén prohibiéndo la realización de estas explotaciones en sus territorios. En el caso del uranio, su mejor inversión es dejarlo en el subsuelo, pues su uso está fundamentalmente orientado al fomento de la energía nuclear y de la industria armamentística, que pueden poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, bien por los accidentes que puede producir (Chernóbil, Fukushima,…) o por su utilización en conflictos bélicos.

Respecto a las turberas, se debería prohibir su extracción minera porque, además de estar presentes sobre todo en áreas de montaña o encharcadizas, la gran mayoría son hábitats de interés comunitario, algunos de ellos incluso prioritarios que están protegidos al amparo de la Directiva 92/43/CEE. En relación al granito, no debe retomarse en ningún caso la actividad de canteras como las localizadas en El Hoyo de Pinares, Hoyocasero, El Losar, Mingorría, Medinilla, Casasola, Martiherrero o La Colilla en Ávila, o en El Espinar y la Lastrilla en Segovia, al encontrarse junto a espacios de la Red Natura 2000.

Respecto a las calizas y mármoles, cualquier explotación que pueda ubicarse en Santo Domingo de Silos o Caleruega (Burgos) debería cerrarse a la mayor brevedad posible y acometer su restauración, a consecuencia de que estos dos municipios cuentan con un patrimonio histórico excepcional, además de estar incluidos en la Red de Senderos de la Ribera Burgalesa. En el caso de los áridos (gravas y otros materiales) hay que indicar que su extracción se realiza casi en exclusividad en zonas de Dominio Público Hidraúlico, alterando la morfología y dinámica fluvial de los ríos, con el consiguiente impacto ambiental asociado. Por ello, su aprovechamiento debería estar fuertemente condicionado, y prohibido en todo caso, en las Zonas de Especial Conservación (ZEC o antiguos LIC) asociadas a masas de agua.

Con la ceguera que produce el tener como único objetivo el favorecer beneficio económico de los inversores extranjeros que pretenden invertir en que nuestra comunidad se convierta en un queso de Gruyere, se ocultan tanto los costes sociales y ambientales como los datos reales de empleo. Tenemos como ejemplo el caso del carbón y la decadencia económica asociada a ella, y a la malversación de los fondos europeos. Un dato vale para exponer la irrelevancia del sector minero y es que solo supone el 0,4% de ocupados en Castilla y León. En el caso de los minerales industriales entre los que se incluyen las arenas feldespáticas supone tan solo el 0,05% habiéndose destruido más de 80 empleos en 8 años (de 2007 a 2014), el equivalente al 17% del total. En el caso de la mina de uranio de Salamanca los únicos empleos cualificados serán los que vengan desde fuera, y el resto serán para conducir camiones, con la contrapartida de haber destruido la dehesa salmantina.”