Varios
colectivos y personas, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, han
presentado observaciones a la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y
León (2016-2020). Hacen hincapié en que NO HAY NINGUNA NECESIDAD de potenciar
por parte de la administración regional una actividad tan agresiva para el
entorno natural de Castilla y León, como es la minería a cielo abierto.
En
Equo Ávila estamos completamente de acuerdo con lo que dice la organización
ecologista en su nota de prensa.
Considera
(consideramos) que los proyectos mineros que ahora la Junta intenta que
prosperen, como la mina de Uranio en Retortillo (Salamanca), la mina de
feldespato en la Sierra de Ávila, o la mina en Otero de Herreros (Segovia), “no
responden a necesidades nacionales. No existe ningún documento estatal
elaborado por expertos multidisciplinares que justifique su necesidad desde los
puntos de vista social, laboral, y ambiental, para las necesidades de la
población españolas. Más bien provienen
de intereses empresariales extranjeros con el único fin de obtener más dinero.
Por lo tanto, niguno de estos proyectos puede ser conisderado de interés
nacional.”
Subrayan
que “la legislación de minas es anterior a la existencia de la constitución
y, por lo tanto, es necesaria la elaboración de normativa estatal que
establezca los términos en que puede desarrollarse esta actividad en España,
fijando la necesidad de elaborar informes justificativos de su necesidad.
(...).
La
Junta debería tener en cuenta las directrices de aplicación de la legislación
Natura 2000, así como considerar que tanto los Montes de Utilidad Pública, Vías
Pecuarias, Zonas de Dominio Público Hidraúlico, áreas de montaña y ámbito
territorial de los planes de recuperación de especies protegidas, no pueden
albergar minas en ningún caso, pues son incompatibles con la finalidad de la
conservación de estos espacios.”
El
artículo 21 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
establece que:
“Las
Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o en los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la
conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo
corredores, en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre
aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para
ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías
pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y
continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan
la condición de espacios naturales protegidos.
Las
Administraciones Públicas promoverán unas directrices de conservación de las
áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos,
hídricos y ambientales de las mismas.”
Por
eso hay que entender que “en la Sierra de Ávila, en otras zonas montañosas
de la provincia de Ávila, así como de la Comunidad Autónoma, al constituir
corredores ecológicos de primer orden, la minería es incompatible no sólo con
la legislación vigente consecuencia de sus valores naturales, sino también con
otras actividades económicas como la ganadería, el turismo rural, la apicultura
o la elaboración de productos artesanales o con una calidad de vida y la salud
como la que se disfruta en muchos ámbitos del medio rural castellano leonés.”
Sin embargo, el documento de la Junta contenía "afirmaciones tan graves como que la normativa ambiental debe obviarse en los procedimientos mineros, con el fin de poder amparar esta actividad en los espacios naturales protegidos de Castilla y León..."
En
cuanto al AGUA, la Estrategia “también trata de vender la necesidad de más
plantas de envasado de agua (negocio al que se dedica Coca Cola, entre otras).
Sin embargo, no hacen falta más en Castilla y León, pues la mejor forma de
garantizar la pureza de este elemento líquido indispensable para la vida es
preservar los valores ecológicos de los manantiales, humedales, lagos, ríos y
arroyos de nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de que los ciudadanos
tengamos acceso a este preciado bien a un precio razonable y con unas garantías
de calidad adecuadas que permitan su consumo”.
En
lugar de convertir el agua en una mercancía, que genere “lucro particular
aunque sea a costa de destruir valores naturales como ha ocurrido en Segovia o
se pretendía hacer en el Valle del Corneja (Ávila)”, se debería buscar el
bien común y garantizar que el agua que salga del grifo cumpla los parámetros
de calidad.
“La
Junta pretende introducir también otra actividad profundamente conflictiva, el
fracking. Sus graves impactos en agua, suelo, paisaje, vegetación y fauna están
conllevando innumerables problemas económicos y sociales en Estados Unidos, y
varios países ya estén prohibiéndo la realización de estas explotaciones en sus
territorios. En el caso del uranio, su mejor inversión es dejarlo en el
subsuelo, pues su uso está fundamentalmente orientado al fomento de la energía
nuclear y de la industria armamentística, que pueden poner en riesgo la
supervivencia de la humanidad, bien por los accidentes que puede producir (Chernóbil,
Fukushima,…) o por su utilización en conflictos bélicos.
Respecto
a las turberas, se debería prohibir su extracción minera porque, además de
estar presentes sobre todo en áreas de montaña o encharcadizas, la gran mayoría
son hábitats de interés comunitario, algunos de ellos incluso prioritarios que
están protegidos al amparo de la Directiva 92/43/CEE. En relación al granito,
no debe retomarse en ningún caso la actividad de canteras como las localizadas
en El Hoyo de Pinares, Hoyocasero, El Losar, Mingorría, Medinilla, Casasola,
Martiherrero o La Colilla en Ávila, o en El Espinar y la Lastrilla en Segovia,
al encontrarse junto a espacios de la Red Natura 2000.
Respecto
a las calizas y mármoles, cualquier explotación que pueda ubicarse en Santo
Domingo de Silos o Caleruega (Burgos) debería cerrarse a la mayor brevedad
posible y acometer su restauración, a consecuencia de que estos dos municipios
cuentan con un patrimonio histórico excepcional, además de estar incluidos en
la Red de Senderos de la Ribera Burgalesa. En el caso de los áridos (gravas y
otros materiales) hay que indicar que su extracción se realiza casi en
exclusividad en zonas de Dominio Público Hidraúlico, alterando la morfología y
dinámica fluvial de los ríos, con el consiguiente impacto ambiental asociado.
Por ello, su aprovechamiento debería estar fuertemente condicionado, y
prohibido en todo caso, en las Zonas de Especial Conservación (ZEC o antiguos
LIC) asociadas a masas de agua.
Con la
ceguera que produce el tener como único objetivo el favorecer beneficio
económico de los inversores extranjeros que pretenden invertir en que nuestra
comunidad se convierta en un queso de Gruyere, se ocultan tanto los costes
sociales y ambientales como los datos reales de empleo. Tenemos como ejemplo el
caso del carbón y la decadencia económica asociada a ella, y a la malversación
de los fondos europeos. Un dato vale para exponer la irrelevancia del sector
minero y es que solo supone el 0,4% de ocupados en Castilla y León. En el caso
de los minerales industriales entre los que se incluyen las arenas
feldespáticas supone tan solo el 0,05% habiéndose destruido más de 80 empleos
en 8 años (de 2007 a 2014), el equivalente al 17% del total. En el caso de la
mina de uranio de Salamanca los únicos empleos cualificados serán los que
vengan desde fuera, y el resto serán para conducir camiones, con la
contrapartida de haber destruido la dehesa salmantina.”
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