En un artículo de eldiario.es se cita a Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones. Dice: "No me parece que Panamá sea un paraíso fiscal, en el sentido de que no haya garantías de derecho, hay una cultura jurídica distinta".
A mí esto me suena a una especie de "anti-lenguaje", a algo tan abstracto y general que es díficil ver que sentido tiene.
Para saber más en concreto a qué nos referimos cuando hablamos de paraíses fiscales, busco el Cuaderno sobre "La caja B de la democracia" que el diario publicó en otoño 2014. Las definiciones que encuentro allí me aclaran bastante más:
" Generalmente se considera un paraíso fiscal aquel territorio o país que exime completa o parcialmente del pago de impuestos a inversores extranjeros que abren una cuenta o crean compañías domiciliadas en ellos." ( J.P. Vélazquez-Gaztelu.)
Y en otro artículo Raúl Burillo, inspector de Hacienda desde 1990, contesta a la pregunta de Marta Garijo:
"¿Qué caracteriza a un paraíso fiscal y en qué se diferencia de un país con los impuestos bajos?
En dos cosas. Por un lado, en el tratamiento favorable que dan a los no residentes en su territorio para atraer el capital ajeno, a lo que se añade la falta de conocimiento de quiénes son las personas reales que están detrás del dinero. Sus normativas mercantiles o la ausencia de la misma ampara el secreto, los testaferros y la opacidad".
(L)
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