Deberían los periódicos y
los canales de radio y televisión estar llenos de debates e información sobre
el TTIP. Pero nada, aquí no pasa nada. Parece que sólo se habla de ello en los
pequeños medios independientes, y en pequeñas reuniones como la nuestra del
viernes pasado.
Y eso a pesar de que el Tratado de Libre Comercio entre la
UE y los EE UU vaciará de contenido tanto la democracia como cualquier protección del medio
ambiente o de la salud humana. Igual que el Tratado entre la UE y Canadá (CETA)
que es lo mismo, sólo aún más desconocido.
Parece que lo que aspiran
a hacer es convertir el mundo en un banquete para las grandes empresas
transnacionales.
El TTIP
(por las siglas en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership. En castellano: Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversiones) lleva negociándose desde junio de 2013. Pero no es algo nuevo; ya en los 90 se empezó a firmar múltiples “Tratados bilaterales de
inversiones” – acuerdos entre dos países para proteger la “seguridad jurídica”
de los inversores, a menudo a costa de los derechos ciudadanos.
El
objetivo es liberalizar aún más la economía y el comercio internacional. Para
ello se pretende quitar las “barreras comerciales”. Estas barreras son
aranceles (que hay pocos entre la UE y EE UU), cuotas (también creo que son
pocas), y sobre todo: las diferencias en cuanto a normas ambientales y de
seguridad y protección de la salud.
La idea
es hacer una equiparación de la legislación, y que un producto aprobado
en el país de orígen automáticamente se considere apto para ser importado por
todos los países firmantes.
En la
práctica, significará una adaptación a la baja. Por ejemplo, en cuanto a
nuevas sustancias químicas, en Europa rige (al menos en teoría) el “principio
de precuación”, que aconseja tomar medidas protectoras cuando se sospecha que
un producto conlleva riesgos para la salud o el medio ambiente, aunque no haya
una prueba científica definitiva de tal riesgo. En cambio, en EE UU hay que
probar que un producto sea nociva para tomar alguna medida que limite su
comercialización, antes de eso se “supone” que es seguro.
De
hecho, la legislación americana en cuanto a los transgénicos es mucho más laxa
que la europea, y con el TTIP en vigor probablemente ni se podría etiquetar los
productos que contienen organismos genéticamente modificados (a pesar de que en
EEUU la mayoría de la población también quieren tener la libertad de elegir si
comer maiz y soja transgénico o no...). Los límites máximos de residuos de
biocidas en los alimentos también son bastante más altos en EEUU.
Sin
embargo, la parte más escandalosa del tratado es el ISDS, el Sistema de
Solución de Diferencias para los inversores. En este sistema los inversores
extranjeros (los nacionales no) pueden demandar a los gobiernos – o
ayuntamientos, o juntas de Comunidades Autónomos, porque el tratado compromete
a todos los niveles – a tribunales especiales (y muy opacas) por “lucro
cesante”, es decir, por cualquier norma o decisión que consideran reducen sus
beneficios esperados. Como este mecanismo ya existe en la mayoría de los
tratados bilaterales mencionados arriba, se puede ver como se ha utilizado.
Aquí hay algunos ejemplos:
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En
Egipto, después de la “Primavera Arabe”, Veolia demandó al gobierno por haber
aumentado el salario mínimo desde la cantidad equivalente a unos 40 euros hasta
los 72 (¡al mes!).
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Hace unos meses una corporación canadiense interpuso una demanda al Estado
Español. Quiere 21 millones de euros del dinero de los contribuyentes por
no permitírseles destruir un paisaje gallego con actividades mineras, algo a lo
que miles se opusieron.
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En
2003 la República Checa fue condenada a pagar una indemnización (no recuerdo a
qué empresa) equivalente a todo el presupuesto anual de sanidad por revertir la
política de privatización.
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En
2009, Vattenfall interpuso una demanda contra el Gobierno Alemán por 1.400
millones de euros por las restricciones ambientales impuestas a una central de
carbón.
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Hace
poco Low Pine ha reclamado a Canadá 250 millones de dolares en compensación por
la moratoria al fracking decidido en el estado de Quebec.
Hay
muchos más casos, y muchos más aspectos preocupantes del TTIP; seguiremos
escribiendo sobre el tema.
No
deberíamos dejarnos engañar por las palabras bonitas (“democracia”,
“solidaridad”, “desarrollo sostenible” etc) pronunciadas por los políticos,
sino ver qué hacen, y cómo votan. Hace unos días fue publicado en diario.es un
interesante informe elaborado por IU sobre cómo han votado los políticos españoles en el Parlamento Europeo: Los eurodiputados del PP, PSOE y Ciudadanos
han votado a favor tanto del TTIP como del TISA, el acuerdo internacional que
tiene como objetivo principal liberalizar servicios hasta ahora considerados
públicos para su posterior privatización.
Lena
