Pasa una cosa curiosa con las leyes. Cuando tratan de, por ejemplo, alguna cuestión formal sobre investigación de casos de corrupción, o sobre las relaciones de Cataluña y el Estado Español, entonces se consideran "La Ley", y Alber Rivera y otros políticos repiten una y otra vez que "hay que garantizar la legalidad democrática en cualquier lugar de España".
En cambio, si están relacionadas con cómo recibimos a personas huyendo de guerras, represiones y hambrunas, o con el medio ambiente, es como si no existieran - como si sólo fueran unas letras muertas a las que no hay que hacer caso.
Hace unos días, un artículo sobre la "carretera de los pantanos", el autovía M-501, en diario.es volvió a recordarme este heho.
Esta carretera, de la que unos tramos fueron desdoblados y convertidos en autovía hace unos diez años, pasa por zonas de especial protección para las aves (ZEPAS), y por lugares que forman parte de la Red Natura 2000 (hábitats naturales declarados de importancia por la Unión Europea). Numerosos especies en peligro de extinción (tanto aves y anfibios como mamíferos) se encuentran aquí, de los cuales dos de los más emblemáticos son el águila imperial y el lince ibérico.
Según la normativa europea, España (en este caso, el Gobierno de a Comunidad de Madrid) tenía la obligación de proteger estos hábitas y llevar a cabo una evaluación de impacto medioambiental del proyecto. Habría que evaluar las repercusiones a corto, medio y largo plazo, las temporales y las permanentes, las positivas versus las negativas, además de elaborar medidas correctoras
Pero las evaluaciones rigorosos no parece que a nivel de los gobiernos aquí (locales, regionales y estatales) interesen mucho; la entonces presidenta Esperanza Aguirre simplemente calificó las obras de "interés general", y se saltó los trámites.
Las obras fueron denunciados por Ecologistas en Acción (entre otros), a tribunales españoles (que las declararon ilegales), y el caso también llegó al Tribunal Europeo de Justicia, que en 2011 sentenció que el Reino de España había incumplido sus obligaciones.
Después de eso, la Comunidad de Madrid intentó legalizar a posteriorí el proyecto, con una evaluación favorable emitido en el otoño de 2014. Sin embargo, esta actuación no ha satisfecho a la Comisión Europea, que en noviembre de 2015 abrió un nuevo expediente a España por seguir sin evaluar los efectos ambientales, y sin definir las medidas para paliar dichos efectos. La Comisión daba a España un plazo de dos meses (que acaba pronto....) para iniciar las acciones necesarias para remediar estos defectos, o enfrentarse a un nuevo proceso judicial, en este caso por incumplimiento de sentencia.
Pues en este caso no parece que ni a los políticos, ni a la gente en general la normativa se incluya en la categoría "La Ley a la que Hay Que Respetar". Vemos que podemos ir y venir a Madrid con más facilidad, y lo demás nos da igual. Sin embargo, la cuestión no era necesariamente "autovía sí" o "autovía no", sino CÓMO hacerla, y qué "medidas correctoras" adoptar.
Por mi parte también me pregunto: a la hora de hacer esta u otras autovías, ¿alguna vez se evalúa el coste y la posibilidad de construir una vía ferroviaria? (cuando voy a Madrid, en autobús desde El Tiemblo o San Martín de Valdeiglesias, veo que el autobús practicamente siempre va lleno).
El artículo en eldiario.es:
La sentencia de 2011:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Alberche%2BCofio&docid=116688&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=228295#ctx1
Lena
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