El titular es irónico, claro.
Aún así, en mi caso es verdad: si no fuera por el ayuntamiento de Navaluenga -y sobre todo por la arrogancia del alcalde- probablemente no conocería ni la existencia del Procurador del Común, ni la Ley de Transparencia, ni otras leyes o instituciones.
Ahora me va a dar la oportunidad de conocer el sistema judicial más de cerca, ya que por primera vez en mi vida he presentado una demanda contencioso-administrativa.
El motivo es el que he contado aquí anteriormente: el ayuntamiento insiste en cobrarme -a tarifa casi doble de la normal- por un servicio que no me presta (la recogida de basura).
Como conté en mi entrada del pasado 17 de septiembre, el Procurador del Común me dió la razón en todo (incluso más de lo que había solicitado).
Sin embargo, como nuestro alcalde no reconoce la jerarquía de leyes, y además parece sentirse por encima de todo, no hizo caso de la resolución del Procurador del Común - con lo cual, si no quiero aceptar este abuso, no me ha quedado otro que ir a juicio.
No me sobra el dinero, y sé que en el mejor de los casos el dinero recuperado (solicito que me devuelvan las tasas cobradas indebidamente, y que me den de baja en el padrón fiscal del concepto en cuestión) equivaldrá al gasto de presentar la demanda - y también comprendo que por mucha razón que yo creo tener, no hay nunca ninguna garantía de ganar un juicio.
Armando, claro, no duda en emplear los recursos (tiempo y dinero) ajenos para poder fastidiar en algo a los que nos atrevemos a criticar abiertamente su gestión.
No deberíamos aceptar estos contínuos abusos.
Por mi parte, a pesar del riesgo que significa para mi muy austera economía, siento bastante curiosidad por ver qué pasará ahora.
Lena Pettersson
