Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que las leyes deberían proteger sobre todo a las personas y a sus Derechos humanos. A lo mejor hasta creemos que es así.
Y no, no es así.
En el número de diciembre de La Marea hay un artículo muy interesante sobre la Impunidad empresarial y "Lex Mercatoria", escrito por Juan Zubizarreta Hernández y Pedro Ramiro. Copio aquí unos extractos:
"En 2009, Abengoa presentó una demanda contra México ante el CIADIm el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. Lo hizo después de que una fuerte movilización social hubiera conseguido la paralización de una planta de gestión de residuos peligrosos de su propiedad en el Estado de Hidalgo, en una zona declarada área protegida por la UNESCO. Cuatro años más tarde, el laudo arbitral emitido por ese tribunal privado dictaminó que la empresa tenía que ser indemnizada con 31 millones de euros. (...)
Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro -vinculante, sancionador, coercitivo- que se basa en la seguridad jurídica únicamente vinculada a los intereses comerciales.
Es lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad, que sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo. Y que, mientras tutela con fuerza los intereses de las grandes corporaciones, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular sus obligaciones. Estas se remiten a las legislaciones nacionales -previamente sometidas a las políticas neoliberales-, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es manifiestamente frágil, y a una "responsabilidad social" que opera como un Derecho blando basado en la voluntad, la unilateralidad y la no-exigibilidad jurídica.
Por decirlo con un ejemplo: minetras Abengoa, ACS y Repsol pueden recurrir a tribunales de arbitraje y presionan a los gobiernos para exigirles compensaciones por lesionar sus expectativas de negocio, las comunidades afectadas por las operaciones de estas multinacionales no tienen ninguna instancia internacional a la que llevar sus demandas..."
...
No sé si se puede leer este artículo en internet, pero recomiendo La Marea en general, por ser un excelente medio de periodismo independiente.
Lena
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