El viernes pasado quería haber hecho otra excursión a Ríofrío para firmar allí las alegaciones contra los permisos de investigación en la Sierra de Yemas. Pero debido al tiempo (atmosférico, con nieve en los puertos) opté por la más sencilla solución de presentarlas en la Ventanilla Única del Ayuntamiento de Navaluenga.
Como no funcionaba mi impresora fui a una de las tiendas de prensa, para que me imprimieran allí el documento en pdf. Al esperar vi que el Diario de Ávila tenía dos artículos sobre la mina, y lo compré para leérmelos con tranquilidad.
Hice bien, porque para entender algo de lo que dicen, he tenido que leerlos varias veces.
En principio, me parece una noticia importante que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Ávila hayan acordado aprobar una moción conjunta en el Pleno este viernes, donde se expresará "un apoyo total" -según el periódico- a las reivindicaciones de la Plataforma No a la Mina en la Sierra de Yemas.
Sin embargo, pienso que no debo de ser la única persona a la que le cueste descifrar las dos citas de la portavoz del equipo de gobierno, Patricia Rodríguez:
"El Ayuntamiento debe cumplir la ley por encima de todo. El compromiso que asumimos es que el Ayuntamiento se persone en un procedimiento en el que en esta fase inicial no tiene nada que ver, pero aún así nos vamos a posicionar desde el principio para conocer todo el expediente, y cuando legalmente le corresponda a este Ayuntamiento formular las alegaciones, que sería ya en la evaluación del impacto medioambiental, posicionarse."
"Se ha acordado remitir a la Junta de Castilla y León, tras el correspondiente informe legal elaborado por los técnicos municipales, que antes de la misma conceda un permiso de explotación deberá acreditarse tanto por el solicitante del permiso de de investigación como por la administración ambiental que dicho proyecto es inocuo para los intereses de este municipio."
Más o menos lo que yo entiendo es que el Ayuntamiento de Ávila rechaza los proyectos mineros de una forma bastante vaga, y sólo hasta que se presenten unas garantías (teóricas) de estas futuras explotaciones a cielo abierto no tengan impactos negativos (!?).
Por mucho que esta sea la forma habitual de expresarse en gran parte de la administración y en órganos políticos, yo pienso que no es acceptable envolver un asunto tan concreto como una mina (...o muchas minas) en tanta retórica tecnicista. Un representante democrático debería tener la obligación de informar de una forma clara y comprensible.
Sino, es fácil que nos produzca tanto cansancio e impotencia que decidamos optar por lo que nos pide el presidente de la Diputación de Avila (en el otro artículo): "calma y confianza en la legislación y los técnicos de la Junta" (es decir, RESIGNACIÓN).
Pero las leyes no se cumplen solos. Hace falta un labor como el que están realizando las Plataformas contra las minas en la provincia de Ávila. En esta página de No a la Mina en la Sierra de Yemas sí se encuentra información clara, para que entendamos que es imposible que estos proyectos sean "inocuos":
En el modelo de Alegaciones (elaborado por la plataforma) que yo presenté el viernes viene una larga lista de leyes que el proyecto de investigación incumpliría. Y a modo de resumen, termina afirmando que:
Este permiso de investigación se suma a otros PI y proyectos mineros que amenazan la provincia de Ávila (Leito, Palmerán o Sonsoles) hasta el punto de convertirla en un territorio que en vez de ser conocida por sus bellezas naturales, culturales, históricas asociadas, lo sea por la presencia de minas que contaminan el agua, el suelo y el aire destruyendo la biodiversidad y el tejido socioeconómico implantado en el territorio.
Lena
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